LIMA (AP) — El Museo de la Memoria, que recordará a millares de fallecidos en dos décadas de violencia política en Perú, "será una institución donde estarán representadas todas las víctimas sin ningún tipo de parcialidad", confirmó el novelista Mario Vargas Llosa.
El escritor, presidente de una comisión gubernamental encargada de edificar el museo, dijo el sábado a la radio RPP que "quienes han expresado desconfianza quedarán tranquilizados cuando vean la objetividad con que se mostrará el sufrimiento que causa el fanatismo y la falta de legalidad en una sociedad".
El Museo de la Memoria --que aún no se construye-- ha generado reacciones opuestas entre ciudadanos, congresistas de diferentes bancadas políticas, autoridades religiosas e incluso entre ministros de Estado.
El proyecto del museo fue rechazado inicialmente por el gobierno a inicios del 2009 pero el Ejecutivo cambió de opinión en marzo tras recibir fuertes críticas de activistas por los derechos humanos e intelectuales.
Vargas Llosa comentó por teléfono desde Madrid que el Museo de la Memoria tendrá una función didáctica "para que no vuelvan a repetirse en la historia esos hechos tan catastróficos que en la década de 1980 ensangrentaron Perú y causaron un sufrimiento indescriptible, sobre todo entre los peruanos más humildes y desamparados".
El jueves, la comisión gubernamental que preside Vargas Llosa anunció que el museo se edificará en la localidad limeña de Miraflores --en la costa occidental de Perú frente al Océano Pacífico-- tras desestimar un terreno en el distrito de Jesús María.
Alemania donará dos millones de euros para construir el museo.
Según la Comisión de la Verdad de Perú (CVR), casi 70.000 muertos y desaparecidos dejaron en Perú los 20 años de violencia política producto de la guerra interna contra los grupos subversivos.
La mayoría de muertos eran campesinos pobres, de lengua quechua y que vivían en los Andes del país.
La CVR fue creada en el 2001 por el gobierno para esclarecer las responsabilidades en la violación de los derechos humanos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 durante los gobiernos de Fernando Belaunde, el primer gobierno de Alan García y el de Alberto Fujimori.
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