Pregunta: La semana pasada leí en MSN que la tía del candidato presidencial Barak Obama es una inmigrante de Kenya a quien se le había negado una solicitud de asilo hace más de cuatro años, y ahora tiene una orden de deportación en su contra. ¿Qué puede hacer Barak Obama para ayudar a su tía para que pueda permanecer en Estados Unidos en forma legal?
Respuesta: Resumiendo un poco el tema, la semana pasada salió a la luz pública que la tía de Barak Obama, Zeituni Onyango, de 56 años de edad, había solicitado asilo a una corte de inmigración y que su solicitud fue denegada por la corte. Como consecuencia, Zeituni Onyango recibió una orden de deportación en su contra al concluir su caso. Sin embargo, ella decidió permanecer en Estados Unidos en forma indocumentada y en violación a la orden de la corte.
Aunque en realidad no se saben los detalles de este caso o las bases para su solicitud de asilo, sí podemos discutir varios fenómenos que ocurren con demasiada frecuencia en las cortes de inmigración, y en especial con los casos de asilo. Por ejemplo, mientras que por un lado, la Sra. Onyango pudo haber perdido su caso basado en los méritos de su argumento y las pruebas presentadas durante el juicio, es también probable que su caso de asilo haya sido uno más de los miles que son denegados de forma desproporcionada cada año.
En comparación con el índice de denegaciones de solicitudes de asilo por ciudad, corte de inmigración y con otras jurisdicciones de inmigración a nivel nacional o local, se ha documentado que algunos jueces de inmigración deniegan casos de asilo con mayor frecuencia que otros jueces. Varios estudios independientes de datos recopilados por el mismo Departamento de Justicia, entidad que administra y designa las cortes y jueces de inmigración, además de otras fuentes, identifican un patrón desproporcionado en la denegación de casos de asilo entre jueces y cortes de inmigración.
Por ejemplo, el pasado 24 de agosto de 2008, el periódico The New York Times identificó a los 18 jueces de inmigración que más casos de asilo denegaron a nivel nacional en el año 2007 indiferentemente de su ubicación. Estos jueces son liderados por el Juez Earle B. Wilson, quien trabaja en la corte de inmigración de Orlando, Florida, y quien denegó el 80% de las solicitudes de asilo presentadas en su corte, mientras que la corte de Orlando, en total, sólo denegó el 51% de estas solicitudes en el mismo año.
De acuerdo a la Oficina de Acceso de Archivos Transaccionales (TRAC por sus siglas en inglés), entidad sin fines de lucro de la Universidad de Syracuse en el estado de New York, esta desproporción se basa en los prejuicios del juez que revisa el caso y no en los méritos del caso o la evidencia disponible. Por ejemplo, de acuerdo las decisiones del juez recopiladas por TRAC, si dos personas con casos idénticos solicitan asilo en la corte de inmigración de la ciudad de Nueva York, las probabilidades de que su caso sea denegado serán de un 9% si les toca el Juez Terry A. Bain, y de un 91.6% si les toca el Juez Sandy K. Horn. La desproporción está basada en el índice de denegaciones de casos de asilo de ambos jueces entre los años 2001 y 2006. Durante este período el Juez Bain decidió 1.946 casos de asilo y denegó sólo el 9% de estos. Por otro lado, el Juez Horn decidió 1.532 casos y denegó el 91% de las solicitudes de asilo.
Dado el hecho de que el sistema jurídico de Estados Unidos está basado en la uniformidad de sus decisiones, la disparidad entre un juez y otro ya sea a nivel local o nacional, es un escándalo de proporciones. Esto es así porque como quiera que se vea, no hay forma de explicar la diferencia, por ejemplo, entre las decisiones de estos dos jueces, ya que es virtualmente imposible argumentar que al Juez Bain le tocaron todos las solicitudes de asilo que eran verdaderas y al Juez Horn todas aquellas que no lo eran.
Una explicación de esta disparidad a la hora de decidir un caso de inmigración puede estar basada en el hecho de que muchos de los jueces de inmigración son ex-fiscales de inmigración y usualmente con una mentalidad o visión prejuiciosa sobre quién parece decir la verdad y quién no. Otra explicación, tal y como salió a la luz pública en el 2007, es que los nombramientos de los jueces de inmigración suelen prestarse para agendas políticas.
Recordemos el caso específico de Monica Goodling, empleada de la Casa Blanca bajo la Administración Bush, quien el pasado año admitió al congreso de Estados Unidos haber utilizado factores políticos a la hora de recomendar jueces a la corte de inmigración, utilizando como base el que si estos eran suficientemente conservadores o no. Entre los jueces recomendados por Goodling se encuentran Mark H. Brisack (Houston), Mark H. Metcalf (Miami), y Garry D. Malprus (Arlington, VA). Ninguno de estos tenía la experiencia mínima en leyes de inmigración requeridas al ser juramentados, y casualmente también figuran como los jueces número 3, 4 y 7 entre la lista de los 18 jueces con mayor cantidad de casos de asilo denegados a nivel nacional.
El Juez Brisak tiene fuertes lazos con el partido republicano, mientras que el Juez Metcalf trabajó como ayudante congresional republicano. El Juez Malprus, por su parte, trabajó en la administración de Bush entre el 2001 y el 2005 y fue uno de los abogados que viajó a Florida durante el famoso recuento electoral de las elecciones del año 2000 para protestar frente a lugar de recuento en pro del candidato republicano, George W. Bush.
Aunque los jueces nombrados con el apoyo de Goodling son sólo 11 (14 contando los tres miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración nombrados bajo Goodling), la politización de la Corte de Inmigración ha sido una plaga constante durante los últimos ocho años con repercusiones trascendentales para millones de posibles inmigrantes a Estator Unidos, incluyendo precisamente la tía del candidato presidencial. Por eso es imprescindible proporcionar un balance a esta Corte con jueces dispuestos a decidir casos de acuerdo a sus méritos y no de acuerdo a sus prejuicios personales, especialmente los casos de asilo, los cuales siempre tendrán una connotación política. Hay que identificar jueces sin afiliaciones políticas, y más importante aún, fuera de la fiscalía de inmigración. De esta forma, cuando personas como la Sra. Onyango soliciten asilo, sus casos podrán al menos enfocarse en evidenciar sus argumentos en vez de preocuparse de que un juez sin conocimientos de la ley de inmigración esté a cargo de decidir sus futuros.
Recuerde que esta información es puramente general. Cada caso y situación es diferente y las leyes cambian constantemente, especialmente la ley de inmigración. Las opiniones y comentarios aquí expresados son únicamente de carácter general y de ninguna manera deben ser interpretados como consejos legales específicos sobre su caso en particular. Para obtener consejo legal para su caso específico, usted debe consultar a un abogado.
Ángel Robles es el Autor del libro Guía y Formularios de Inmigración (InterMedia Publishing, 2005).
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