El silencio tras las balas

Doce personas asesinadas en un cine por un demente armado hasta los dientes en medio de una campaña presidencial parece que deberían causar en cualquier país un sonado debate político sobre el acceso a las armas. No en Estados Unidos, donde este tema hace tiempo que se ha convertido en tabú para cualquier candidato con aspiraciones nacionales. 

Tanto el presidente Barack Obama como su rival republicano, Mitt Romney, ambos en el pasado partidarios de aumentar las restricciones al acceso a las armas, ahora se han limitado a dar su pésame, consolar a las víctimas y preguntarse cómo alguien puede ser tan malo como para cometer tal barbaridad.

Ninguno de los dos ha hecho caso a los reclamos indignados del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, de que sucesos como el ocurrido en Aurora, Colorado, el pasado viernes sirvan para revisar la actual legislación sobre el control de las armas que le permitió al asesino adquirir su arsenal -fusil de asalto incluido- de manera legal.

Bloomberg, que se ha prodigado en los medios ante la ausencia de otras figuras políticas que compartan en público su mensaje, parece profeta predicando al viento. Hasta ahora, el silencio sigue imperando.

Todo indica que en unos días la tragedida pasará al recuerdo, como la de Tucson o la Virginia Tech anteriormente, sin que nada cambie. Y nada lo hará mientras las encuestas y los resultados electorales sigan mostrando que la mayoría de los ciudadanos se oponen a nuevas leyes en materia de armas.

Limitar el acceso a las armas es un asunto perdedor para cualquier político, como lo saben Romney y Obama. De hecho, el actual Presidente ya en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace cuatro años evitó hablar del tema y sus acciones en este campo desde entonces han sido mínimas.

La razón: si un 78% de los estadounidenses quería endurecer la legislación en materia de armas en 1990, solo el 44% compartía esa opinión diez años después. Eso pese a que en ese mismo tiempo las leyes se han vuelto más permisivas.

Como prueba, Romney favoreció la prohibición de la venta de los fusiles de asalto cuando era gobernador de Massachusets. Ahora se opone.

Por eso, sin el respaldo de la opinión pública y dado el reducido espíritu de inmolación de los políticos, no es sorprendente que nadie se enfrente al feroz cabildeo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y a la furibunda defensa de la Segunda Enmienda de la Constitución que efectúa un sector de la población.

En los últimos años, los partidarios de las armas han conseguido que la ciudadanía enfoque el debate como un tema de derechos y libertad, que el Estado supuestamente quiere inculcar, en lugar de un tema de seguridad y derecho a la vida, como lo ven los proponetes de mayores controles.

Todo eso, paradógicamente, en un momento en que la proporción de estadounidenses con armas está en su punto más bajo de la historia, como indican los sondeos de Gallup y el Centro de Investigación sobre la Opinión Nacional de la Universidad de Chicago.

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