Casi doce años después de los atentados del 9/11, la guerra ha terminado. Al menos la llamada “guerra contra el Terror” que declaró el presidente George W. Bush tras esos ataques y que ha dominado desde entonces la política exterior y de seguridad del país. Según el presidente Barack Obama, ya es hora de que regresemos a la normalidad.

Así lo certificó el mandatario el jueves en su esperado discurso sobre seguridad nacional en la Universidad de Defensa Nacional, en el que estableció las directrices que van a guiar su política en esta materia en esta nueva era posOsama, posIrak y, pronto, posAfganistán.

“En algún momento, todas las guerras se acaban”, dijo Obama en su intervención, quizá la frase de todo su discurso más repetida en los medios porque encapsula el hecho de que la muerte del líder de Al Qaeda en 2011 y la salida de las tropas estadounidenses de los dos zonas de conflictos mencionadas abren una nueva era.

En esta nueva era, según explicó el presidente, los ataques con aviones no tripulados (drones), que han protagonizado la lucha antiterrorista en los últimos años, se guiarán por unas reglas conocidas, que de hecho ya se filtraron el pasado febrero. Sin ser nada nuevo, ya que las nuevas normas dejan amplio espacio de maniobra al gobierno, buscó aplacar a sus críticos en la izquierda y en los países blancos de las bombas preocupados por las muertes de civiles que han causado. Esas críticas, curiosamente, habían encontrado cierto eco en sectores republicanos que –sin embargo- respaldaron estas acciones iniciadas en la administración Bush.

Tal vez sorprendió más su nuevo intento por cerrar el centro de detención de Guantánamo, la instalación que junto a las cárceles secretas de la CIA representan el lado más oscuro de la lucha antiterrorista de la década pasada. Será un hueso duro de roer para la Casa Blanca, ya que el cierre debe contar con el beneplácito del Congreso y nada indica que los republicanos han cambiado de opinión respecto al tema.

Por más ilógico y perjudicial para la reputación internacional de Washington en el mundo mantener ese limbo penal, trasladar a detenidos a suelo continental para que sean juzgados por tribunales civiles y continuar con la repatriación de los considerados no peligrosos (iniciada por Bush) sigue siendo algo extremadamente polémico y fácil de politizar. Eso sin contar qué se hace con el grupo de reos contra los que no hay pruebas para juzgarlos, pero se les sigue considerando peligrosos.

Pero lo más reseñable no han sido las medidas concretas sino el mensaje de fondo de que entramos en el mundo pos 9/11, el del conflicto perpetuo en el que de alguna manera u otra estaba el país involucrado en un conflicto infinito.

Las guerras acaban por terminarse, dijo Obama, incluso las declaradas contra el terrorismo. Tal vez porque en realidad la palabra guerra –que evoca batallas, tanques y soldados- nunca se ajustó a lo que es el combate contra redes secretas, camufladas en la población civil, en esquinas oscuras del planeta que es la lucha contra el terrorismo.

Una lucha donde es más importante la inteligencia que los fusiles, donde la victoria no se mide en cadáveres sino en la capacidad de desactivar las razones políticas que llevaron al enemigo al terror. Aunque las fuerzas de seguridad británicas y españolas derrotaron policialmente al IRA y a ETA respectivamente, no fue hasta que las sociedades en que encontraban apoyos dijeron basta de sangre que abandonaron las armas.

No hay que confundirse –el mismo Obama lo resaltó recordando que EEUU ya combatía al terrorismo en los setenta y ochenta- pensando que es el final del terror. Precisamente ese es el problema, la amenaza terrorista tardará mucho en desaparecer, si es que lo hace. Boston o el ataque contra un soldado en Londres lo demuestran, pero también ilustran el hecho de que el peligro lo representan ahora los llamados lobos solitarios más que miembros de redes organizadas, como los que se subieron a esos cuatro aviones una soleada mañana de septiembre hace casi doce años.

Claro que, como ese día aprendimos, siempre hay margen para lo inesperado y todo lo que creíamos imposible se puede hacer realidad. Esa, tal vez, es la mayor lección de ese horroroso día.

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Víctimas de primera y de segunda

Hay tragedias y tragedias, y damnificados y damnificados. No es lo mismo ser víctima de un huracán en Nueva York, ese agujero negro de corrupción y parásitos del welfare, que de un tornado en Oklahoma, cuyos ciudadanos son personas de bien y temerosos de Dios.

Eso pareció sugerir el senador James Inhofe de Oklahoma cuando se le preguntó si se opondría al envío de asistencia federal a los afectados por el monstruoso tornado que arrasó el lunes la ciudad de Moore, tal como hizo meses antes cuando votó en contra del paquete de asistencia federal a Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut para reconstruir las zonas devastadas por el huracán Sandy el año pasado.

“Eso fue alto totalmente diferente”, saltó el republicano Inhofe, uno de los miembros más conservadores de la cámara alta, en una entrevista con la cadena MSNBC. “Había algunas cosas, por ejemplo que se suponía debían estar en Nueva Jersey, las tenían en las Islas Vírgenes, arreglaban carreteras allí, colocaban techos en Washington D.C., todo el mundo se metía a explotar la tragedia. Eso no pasará en Oklahoma”.

Suponemos que porque lo asegura Inhofe y su correligionario republicano Tom Coburn, el otro senador de Oklahoma, que también votó en contra de la ayuda a los damnificados por Sandy. Esperemos que tengan razón, porque sus conciudadanos en Oklahoma necesitan toda la asistencia que se les pueda dar.

Claro, que ya están acostumbrados a recibir dinero de Washington para mitigar desastres naturales.

Según la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), solo California y Texas superan a Oklahoma en todo el país  en número  de declaraciones de zonas de desastre e incendios, el paso previo al envío de fondos federales. Pero claro, aparentemente allí no se malgastan como en otros lados del país.  

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Obama y los republicanos: reforma migratoria ya

Tras una semanita sombría plagada de polémicas, algunas sonrisas deberían verse en la Casa Blanca el jueves por la noche cuando se confirmó que un grupo bipartidista de congresistas había alcanzado un consenso en las negociaciones de la reforma migratoria, un paso clave para que esta legislación logre la aprobación de la Cámara de Representantes.

Esas mismas sonrisas debían verse entre los líderes del partido del elefante preocupados por atraer el cada vez más crucial electorado hispano, tras el desastre que supuso para sus esfuerzos el reciente informe antilatino del Heritage Foundation sobre inmigración, y la deserción del responsable republicano en la Florida del voto hispano luego de denunciar la “cultura de la intolerancia” de sus correligionarios. Vamos, no precisamente razones para congraciarse con José, el votante.

Todo eso puede cambiar si el acuerdo del grupo de congresistas da paso a una mayoría en la Cámara de Representantes dominada por los republicanos, y por tanto el mayor escollo, a favor del paquete de medidas para regularizar a los más de 10 millones de sin papeles del país. Sumado al ya conocido apoyo del Senado, solo restaría la firma del presidente para hacerlo ley.

Claro, queda mucho trecho por recorrer y falta ver las enmiendas que los congresistas republicanos más conservadores tratarán de adherir al proyecto de ley para endurecer las condiciones de la regularización o posponerla lo máximo posible con imposibles exigencias respecto a la seguridad en la frontera. De todo puede pasar aún.

Pero no es menos cierto que un triunfo en la reforma migratoria daría nueva vida a un presidente Obama que últimamente no da ni una a derechas. La Casa Blanca parece haber perdido fuelle tras el revés sufrido en su intento de endurecer del control de las armas de fuego y la posterior aparición como setas de nuevos escándalos en el seno de la administración, como el de la persecución de grupos conservadores por parte del IRS o el espionaje a la agencia de noticias AP.

Tal como sucedió en los momentos más críticos de su primer mandato, al presidente parece habérsele escapado el control de la nave y se le ve a merced de los vientos cuando a esta altura de su segundo cuatrienio debería estar dictando la agenda antes de que las elecciones legislativas del 2014 apresuren su predecible pérdida de poder a medida que se acerca su salida de la mansión presidencial en el 2016.

Eso sin contar que necesitará todo el capital político que tenga para afrontar la implementación de la parte gruesa de la reforma de salud -el Obamacare- el año que viene, que con seguridad generará problemas y controversias que aprovecharán los oponentes a la medida para descalificarla y tratar de revocarla.

Si difícil es la tarea de Obama, no es menos sencillo el reto de los líderes y estrategas republicanos interesados en evitar otro desastre en las urnas atrayendo un mayor número de votantes hispanos a su causa en los comicios a medio mandato del año que viene y, más importante, los presidenciales del 2016.

En nada ayudó a su labor el informe de la conservadora Heritage Foundation –presidida por un exsenador héroe del Tea Party- en el que se afirmaba que la regularización de los 11 millones de indocumentados iba a resultar en una pérdida neta de 6,000 millones de dólares para el país. Tras impactar inicialmente el debate migratorio, el posterior análisis del documento por parte de especialistas de todos los colores acabó desacreditando sus métodos y sus conclusiones.

Tampoco ayudó que uno de los responsables del estudio fuera un académico que centró su tesis doctoral en demostrar que el supuesto menor coeficiente intelectual de los hispanos los hacía un grupo de inmigrantes poco conveniente para el futuro de Estados Unidos. Poco más hay que decir.

Una consecuencia del informe fue la decisión del responsable de captar el voto hispano del Partido Republicano de la Florida de abandonar de una manera muy pública la formación en una carta abierta en la que, básicamente, dijo que sus correligionarios no tienen remedio.

Lo dicho, nada como la aprobación de la reforma migratoria para que unos cuelguen por fin un trofeo en el Despacho Oval y los otros puedan apuntar a un hecho concreto cuando le pidan el voto a José.     

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La maldición del segundo mandato 

Tras conseguir la tan ansiada reelección, todo presidente afronta su segundo y último cuatrienio con la intención de dejar un legado que le asegure un lugar destacado en los libros de historia. Al final terminan apareciendo en sus páginas, pero por motivos muy diferentes a los que se imaginaban. Es la maldición del segundo mandato.

Que las elecciones presidenciales del 2012 supusieron la confirmación del electorado hispano como una fuerza política ineludible en Estados Unidos es incuestionable. Ahora, tras las palmaditas en la espalda, los hispanos debemos darnos cuenta de que ese poder es mucho menor del que podría ser si nuestra gente de una vez fuera de verdad a votar.

Así lo indica un informe del Censo difundido el martes en el que se señala que solo el 48% de los hispanos con derecho al voto acudieron a las urnas el pasado noviembre, una proporción incluso ligeramente menor que la que se registró cuatro años antes cuando fue del 49.9%.

Unas cifras lamentables si tenemos en cuenta  –siempre de acuerdo al Censo- que el 64.1% de los blancos no hispanos y el 64.7% de los afroamericanos (una proporción récord) sufragaron en la contienda entre el presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney.

La apatía no es un mal nuevo del electorado hispano, que tradicionalmente ha sido más reacio a hacer sentir su voz en las elecciones que otros segmentos de la población. Lo que sucede es que la explosión demográfica latina ha maquillado esa deficiencia, y por eso cada cuatro años se registra un aumento de los votos depositados por latinos.

Así fue el año pasado, cuando se sumaron 1.4 millones de votos nuevos al electorado hispano, que alcanzó los 11.2 millones de sufragios. Una cantidad muy respetable, que al decantarse en un 71% a favor de Obama influyó decisivamente en su victoria.

Pero no estaría de más atemperar los aplausos si tenemos en cuenta que el número de hispanos que decidieron no acudir al centro electoral aumentó aún más: 2.3 millones. En total, 12.1 millones de latinos con derecho al voto se quedaron en casa.

Si con todo y eso se ha formado un corre-corre en Washington para aprobar una reforma migratoria, se imaginan qué pasaría si el electoral hispano hubiera mostrado todo su potencial. Tal vez el camino a la regularización de los indocumentados ahora sería una autopista de cuatro carriles y no la carretera secundaria llena de baches en que la oposición republicana la está convirtiendo.

Sí se puede, como repiten una y otra vez los activistas, pero siempre que se pase por las urnas.      

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Con pies de plomo

Observar una masacre desde lejos y sin intervenir retuerce el estómago e indigna la conciencia. Cómo no sentir esas reacciones al ver las imágenes que llegan cada día de Siria, donde al menos 70,000 personas han muerto en el alzamiento contra el régimen del presidente Bachar al Assad.

Políticos como el senador John McCain lamentan que Washington siga de manos cruzadas mientras el Ejército sirio bombardea indiscriminadamente a la población civil y milicias aliadas a su causa asesinan a inocentes.

¿Qué tiene que ver el proyecto de reforma inmigratoria que se debate en el Senado con el atentado perpetrado la semana pasada en Boston? Pues muy poco, por no decir nada. Por un lado 11 millones de indocumentados que aspiran a regularizar su situación; por otro, dos inmigrantes legales que llevaban más de un década en el país que –aparentemente por motivos religiosos- decidieron causar una horripilante masacre.

Pocas veces se ha visto al presidente Barack Obama más irritado en una conferencia en la Casa Blanca. El mandatario utilizó palabras gruesas como “mentira” y “vergüenza” en su reacción a la negativa del Senado a llevar a votación un proyecto bipartidista para universalizar el chequeo de antecedentes en la compra de armas de fuego.